Oscar Iglesias

Dentro del convenio de colaboración en materia de siniestralidad laboral firmado recientemente por el Ayuntamiento de Madrid y la fiscalía, exigimos que la policía municipal comience una campaña de inspección permanente de las obras de la M-30 para que la seguridad de los trabajadores y el respeto a la ley prime sobre el interés electoral de Gallardón. También queremos que nos entreguen y hagan públicos la relación de accidentes laborales que se han producido en las obras y especialmente en los túneles. Es indecente y muy grave ocultar la muerte de una persona en accidente laboral, y, al mismo tiempo, hacerse la foto diciendo que se cumple la ley. No puede quedar ninguna muerte impune, y más cuando en Madrid cada dos días un trabajador que salió de su casa para ir a trabajar no regresa. Ya son cuatro, que sepamos, las muertes en las obras de la M-30. Nuevamente las prisas, la subcontratación, la formación, la falta de supervisión y cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales nos llevan a la tragedia, mientras el Ayuntamiento está no solo en silencio sino que ha pretendido ocultar la muerte. Gallardón debería tener más aprecio por la vida de las personas y saber que la Constitución, en su artículo 40.2, establece la obligación de los poderes públicos de velar por la seguridad e higiene en el trabajo. 

El drama de la siniestralidad laboral constituye una lacra social que produce gran inquietud en todo el mundo menos en un alcalde que quiere acabar como sea y al precio que sea la obra de la M-30. Durante el año 2005, hubo 128.134 accidentes en el trabajo en la CAM, a los que habría que añadir 15.819 accidentes in itinere-, de los que 840 tienen la consideración de graves y 113 de mortales. Estos datos tienen particular repercusión en el ámbito de la ciudad de Madrid, lo que exige de los poderes públicos una actuación eficaz, evitando en la medida de lo posible su producción y asegurando en todo caso proporcionar respuestas satisfactorias cuando el accidente resulte inevitable. La gravedad del problema de la siniestralidad laboral en el término municipal de Madrid, llevó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid a encomendar a la Policía Municipal de Madrid la realización de funciones propias de la Policía Judicial, bajo la dependencia directa de Jueces y Fiscales, como complemento de la actuación desarrollada por las Unidades orgánicas de Policía Judicial